La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició de manera formal las investigaciones contra la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (Conade), Ana Gabriela Guevara, tras una primera reunión con abogados de empresarios veracruzanos que denunciaron extorsión y fraude.
Luego de las denuncias presentadas en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, en la Fiscalía General de la República (FGR), en la Fiscalía para el Combate a la Anticorrupción, la SFP aperturó una investigación de oficio por las publicaciones en medios, en las que se acusa a directivos de la Conade.
Los funcionarios públicos de la Conade acusados son Ana Gabriela Guevara, el subdirector general Sergio Monroy, el encargado de proveedores Omar Hernández, entre otros que podrían ser responsables de fraude, cohecho, falsificación de documentos, peculado, abuso de autoridad, más los que resulten tras las investigaciones.
Fuentes de la SFP confirmaron que el equipo de abogados de los empresarios veracruzanos Rafael Sánchez Cano y Jesús Chaín Oceguera, se presentaron el 24 de junio en las oficinas del Órgano Interno de Control (OIC) en la Conade, para iniciar el proceso ante la titular de quejas, denuncias e investigaciones de ese ente, Ivonne Jiménez Madrid.
La investigadora del OIC dentro de Conade, pero que depende de la SFP explicó que los casos que se llevan ante la justicia en la FGR y FGE en Veracruz, son independientes y la indagatoria que ella apertura de oficio, se concentra en determinar si Ana Gabriela Guevara y su equipo incurrieron en posibles actos que constituyan delitos en la Ley General de Servidores Públicos.
La investigadora del OIC en Conade, expuso a los abogados que tras las publicaciones periodísticas que dieron a conocer los periódicos EL FINANCIERO y RÉCORD, la SFP y los auditores en Conade, determinaron abrir la investigación, pues podría existir una responsabilidad de funcionarios públicos en el caso.
Los abogados de Sánchez Cano y Chaín Oceguera, enfatizaron el deseo de sus clientes de declarar de forma oficial ante la SFP, pero por temor fundado del riesgo de su integridad física tras los atentados del 10 de junio en Boca del Río, Veracruz, solicitaron otra sede para hacer su diligencia.
Tras la apertura de la investigación formal, ambas partes acordaron que será en las instalaciones de la SFP la semana que inicia, donde se presentarán los empresarios para explicar los hechos ocurridos en torno a este caso.
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