La civilización es hija de la justicia que sólo el orden político, la ley y la coacción pueden conservar": Inkram Antaki

La llegada de la ministra Norma Lucía Piña Hernández a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituye un hito histórico, no sólo por tratarse de la primera mujer en ocupar la primera posición jerárquica en el Poder Judicial de la Federación, sino por el contexto en que se dio su elección: no era la favorita del Ejecutivo por eso se le augura mayor independencia en la resolución de controversias constitucionales.
Los méritos de la abogada egresada de la UNAM son indiscutibles, cuenta con especialidad en Psicología Social y Comunicación (INCE, Madrid, España) y doctora en la División de Estudios de Postgrado de la UNAM, con múltiples diplomados en temas jurídicos y máster en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante, ha sido docente, conferencista, etcétera.
La historia de éxito es digna de servir de ejemplo de cómo una mujer, estudiante de excelencia, inicia su carrera pública como maestra de primaria y con mucho estudio y dedicación realiza una carrera en ascenso en el poder judicial –donde fue juez y magistrada–para llegar, 30 años después, a la presidencia del máximo tribunal del país.
Pero todos hemos sido testigos de que el azar jugó un papel determinante en el triunfo de la ministra Piña Hernández, dado que desde Palacio Nacional se estaba apoyando a otra ministra, la ahora repudiada Yazmín Esquivel Mossa, quien para la opinión pública es presunta plagiaria de una tesis con la que obtuvo el título de abogada de la UNAM.
Días antes de Navidad, el doctor Guillermo Sheridan, investigador universitario especialista en desenmascarar a impostores, lanzó una bomba: la ministra Yasmín Esquivel Mossa plagió su tesis para obtener el título de licenciada en Derecho, por la UNAM, pues ella se tituló en septiembre de 1987 utilizando una tesis similar en contenido, aprobada en julio de 1986.
De ahí hasta la elección, a la ministra Yazmín Esquivel no le valió ser la esposa de uno de los constructores favoritos del presidente López Obrador, José María Riobóo, bueno, ni la insólita defensa del líder de la 4T, quien no se pronunció por la búsqueda de la verdad, Noooo, ¡cómo creen!, sino optó usar una consigna bíblica: "quien esté libre de culpa, que lance la primera piedra" y culpó al investigador y "a su jefe" el historiador Krauze de delitos mayores. O sea, que validó aquella frase de "la corrupción somos todos".
Y son comprensibles sus reacciones, aunque reprobables. Pero qué podríamos esperar de quien desde la presidencia de la República insiste en querer ejercer un poder autocrático, autoritario y populista, de quien ha usado la polarización social y la desacreditación de críticos y adversarios como herramientas de proselitismo. Y de la división de poderes ni hablar, al legislativo y judicial los quiere subordinar "a su causa".
La presencia de las mujeres en posiciones de poder en México es un tema estrechamente ligado a la cultura patriarcal, en donde prevaleció un sistema político de partido hegemónico (1929-1987), por ello, salvo honrosas excepciones de méritos propios, en la mayoría de los casos, de féminas destacadas en la vida pública, tras de ellas hubo políticos poderosos que impulsaron sus carreras, ya sea por alguna relación personal, familiar, partidista o ideológica, especialmente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y del actual.
Aunque puede afirmarse que hasta el siglo XIX fue muy escasa la participación de la mujer en la vida pública, desde la época prehispánica y durante la conquista e independencia, el papel de la mujer fue de sumisión, a cargo de labores de alimentación y crianza.
Nombrar a los ministros es facultad del presidente de la República, aprobar el nombramiento compete al poder legislativo (actualmente al Senado de la República, que para ello requiere del voto de las dos terceras partes de sus miembros). En 200 años de historia de la Corte de Justicia, únicamente, 14 mujeres han sido ministras del Máximo Tribunal del País.
Hace 61 años el presidente Adolfo López Mateos nombró a la primera: María Cristina Salmorán de Tamayo (1918-1993), quien realizó estudios de licenciada en derecho de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, se tituló con la tesis ’La condición de las mujeres en el Derecho del Trabajo’, había dedicado su vida al derecho laboral y fue la primera mujer en presidir, en 1954, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
El abogado Julio Martínez Rivas, especialista en el tema, recordó que cuando la ministra Salmorán se incorporó a la Cuarta Sala de la Corte, entre abogados corría la tonta broma de estar litigando ante la ’Suprema Corte y Confección’. y contextualizando aquellos tiempos, citó que "en 1955, apenas seis años antes, México celebró las primeras elecciones en las cuales la mujer pudo ejercer su derecho al voto".
Pasaron 15 años, para que, en 1976, el presidente López Portillo nombrara a la segunda ministra, fue la abogada de PEMEX Livier Ayala Manzo (1915-1976), quien lamentablemente no pudo resolver alguna sentencia, ya que falleció al día siguiente de habérsele notificado su designación.
Las 12 restantes han sido: también en 1976, se designó a Gloria León Orantes. Nueve años después, el presidente Miguel de la Madrid, nombró cinco: en 1983, a Fausta Moreno Flores; en 1985, a Victoria Adato Green y a Martha Chávez Padrón y en 1987 a Irma Cué Sarquis de Duarte y a Clementina Gil Guillén de Léster. En 1995, el presidente Ernesto Zedillo designó a la ministra Olga Sánchez Cordero y en 2004, Vicente Fox, nombró a Margarita Luna Ramos.
Actualmente, de los 11 integrantes del Pleno de Ministros de la SCJN, tres fueron propuestas por el presidente López Obrador y ejercen como juezas constitucionales: Margarita Ríos-Farjat, Loretta Ortiz Ahlf y la cuestionada Yasmín Esquivel Mossa, siendo esta la única que contendió por la presidencia.
La cuarta ministra, Norma Piña Hernández, actual presidenta de la SCJN fue propuesta durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, entró en sustitución de Olga Sánchez Cordero en 2015, después de ser elegida en una terna de mujeres para garantizar la paridad de género en el tribunal.
En un análisis hecho por el periodista Víctor Fuentes, del diario Reforma, el 2 de enero, la ministra Piña Hernández, con el 17% de apoyo a iniciativas presidenciales, con el voto a favor de 3 de 18, es la más independiente al gobierno de la 4T. De los candidatos a la presidencia, Yazmín Esquivel era la más favorable, con el 67% de apoyo, aprobó 12 de 18 propuestas del jefe del Ejecutivo.
La mayoría de las ministras de la Corte han estudiado la Licenciatura en Derecho en la prestigiada Universidad Nacional Autónoma de México, por eso es necesario que la máxima casa de estudios quede al margen de sospechas, y dictamine cuanto antes el caso de Yazmín Esquivel. Si bien el rector Enrique Graue adelantó la consideración de que la tesis de marras es un plagio, es necesario que se aclare hasta sus últimas consecuencias la responsabilidad de la ministra, la de su asesora de tesis, Martha Rodríguez Ortiz y de todos quienes han puesto en entredicho la ética universitaria, la integridad y honestidad académica, además de incurrir en otros probables delitos por usurpación de profesiones.
Piña Hernández es una de las ministras de carrera, con más de 30 años en el Poder Judicial. Enhorabuena por su triunfo, es deseable que pese a su difícil arribo (recibió 6 votos de 11 del pleno de ministros) pueda lograr el respaldo necesario para resolver el cúmulo de controversias constitucionales rezagadas, especialmente iniciativas y leyes promulgadas propuestas por el Poder Ejecutivo que vulneran derechos fundamentales establecidos en la carta magna.
En su primer discurso como presidenta de la SCJN, celebró que se haya podido romper el ’inaccesible techo de cristal’, dijo representar a todas las mujeres y externó su compromiso de trabajar "por una sociedad más justa, más igualitaria, sin violencia contra las mujeres. Ese es un anhelo, que no les quepa duda".
Que así sea...