Enfrentamientos

El gobierno federal se negó a enfrentar la realidad. Y lejos de ajustar el equipo de trabajo que a estas alturas deja ver serias fisuras en la línea de flotación, cerró filas y se lanzó a la conquistas de nuevas reformas, ahora para resolver la crisis de seguridad que azota al país.

No obstante, la realidad parece no querer dar tregua al gobierno de Enrique Peña Nieto. Y las fallas, en puntos elementales, ponen de nueva cuenta, al régimen contra las cuerdas.

Más tardó el presidente de la República en hablar de la eficacia y de la necesidad de transformar lo que no funciona, que el propio equipo peñista en demostrar que o no quiere o no puede hacer las cosas que se le encomiendan.

El pasado día 20, como parte de la manifestación realizada en el Distrito Federal para demandar justicia y muchas cosas más, se realizaron enfrentamientos entre las fuerzas del orden y grupos de provocadores.

Pero curiosamente, la autoridad se dedicó a chocar con ciudadanos que poco tenían que ver con los disturbios. Y en esas acciones, detuvieron a 11 personas, entre mujeres y hombre.
La PGR le cargó todo el peso del poder. Y los acusó de asesinato en grado de tentativa, motín, lesiones y asociación delictuosa. Y se les envío a reclusorios federales. Se les alejó todo lo que se pudo de la ciudad de México.

Pero, más pronto de lo que la autoridad hubiera deseado, el juez respectivo, dictó libertad total para los detenidos. Y lo que es mucho más serio, determinó que la PGR fue incapaz de acreditar, siquiera de lejos, las acusaciones que presentaba.

Con calificativos de inverosímiles, inconsistentes o ilógicas, el juez derribó todas las acciones de la PGR. Y la colocó en el terreno del ridículo. Sin olvidar el problema que significa la fabricación de culpables. Y todo lo que de ello puede derivar.

El juez señaló que al hecho de la falta de elementos, se tenía que añadir que todo lo que la autoridad presentó como parte de su acción, fue el equipo de comunicación de los detenidos. Esto es, los celulares.

Ahora, el problema es, de nueva cuenta, para el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Con un equipo así se puede intentar resolver la crisis que se enfrenta en estos momentos?

¿Se puede demandar una policía estatal sólida, justo cuando se acredita que la autoridad federal no tiene ni la mas mínima idea de qué es lo que se tiene que hacer frente a hechos violentos?

La actuación de la PGR es mucho más lamentable si se recuerda la larga lista de críticas que en su momento, presentó el PRI en contra de la forma de actuar de Genaro García Luna y sus policías. Ahora, el resultado de los “detenidos” del 20 de noviembre es, en el mejor de los casos,ilegal.

El gobierno de Enrique Peña Nieto ha perdido liderazgo, credibilidad y confianza. Y hechos como el que nos ocupa simplemente eleva los costos políticos para el grupo en el poder.
El primer mandatario tiene todo el derecho político y legal para seleccionar a su equipo de trabajo. Y puede o no, escuchar las críticas de la sociedad.

Pero difícilmente podrá presentar como exitosa a una PGR que, en un evento como la manifestación de la semana pasada, lo que hace es el ridículo.

No se trata sólo del desconocimiento de los protocolos, sino de la irresponsabilidad que ello implica. Y a querer o no,la impunidad con la que se pretende actuar.

Y es ahí en donde el reciente discurso del presidente de la República choca con una realidad que, terca, se empeña en demostrar que los discursos oficiales nada tienen que ver con lo que en verdad sucede en el país.