En C.Izcalli crean fideicomiso chafa y manejar presupuesto de Operagua

La tercer síndico municipal Joanna Felipe Torres informo que en la ultima sesión del Consejo Directivo de Operagua Izcalli 2020 se aprobó de manera perturbadora e ilegal el alcalde Ricardo Núñez Ayala creo un fideicomiso que estará a cargo de tres personas para administrar el presupuesto 2021 del organismo público descentralizado municipal, calculado en un ingreso superior a los mil 500 millones de pesos.

Felipe Torres afirmó que el alcalde Ricardo Núñez no respeta las leyes y carecen de fundamento legal ya que con ello afectara los intereses de la ciudadanía izcallense.

Expresó que, como integrante del Consejo de Operagua, comento que voto en contra al considerar que se recurrió a la figura del fideicomiso para evadir el voto con contra al considerar que se recurrió a la figura del fideicomiso para evadir el cumplimiento de pagos en las sentencias laborales, lo cual ’sería grave ya que se está tratando de eludir el cumplimiento de obligaciones emitidas por un juez’. Aunado a esto, expresó que el argumento para integrar el dinero de Operagua a un fideicomiso con Bancomer, es para evitar que las cuentas sean embargadas.

Por otra parte, Joanna Flores señalo que, además, la figura del fideicomiso contradice los propios lineamientos del gobierno de México; en el sentido de que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado la desaparición de estos mecanismos financieros al calificarlos incluso de nada transparentes y hasta que propician corrupción".

Argumento que este fideicomiso esta conformado con recursos federales y propios, administrado solamente por tres personas designadas por el alcalde Ricardo Núñez, no genera transparencia y fomenta la discrecionalidad en el manejo del dinero.

Finalmente dijo que para el alcalde Ricardo Núñez cada fin de año ya se volvió costumbre aprovecharse como este fideicomiso que se aprobó por mayoría porque algunos integrantes de ese consejo votamos en contra; en lo particular considero ilegal que mediante esta figura se pretenda quitar deudas a personas que trabajan en el Ayuntamiento por supuesta imposibilidad de cobrarles, no especificando a qué deudores, por qué montos, y por qué no se les puede cobrar; además de usar el recurso que se había aprobado para pagar laudos, resoluciones y sentencias para otra cosa, sin decir por qué no se usó ese recurso para lo que originalmente se había aprobado.