• Brindan seguimiento al Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023.

• Fomentan principios de imparcialidad para combatir la corrupción.

Toluca, Estado de México, .- Mantener un ejercicio transparente de rendición de cuentas y principios de ética y legalidad, es fundamental para la administración del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, por ello, constantemente se brindan capacitaciones para los servidores públicos estatales con el objetivo de que se desenvuelvan con integridad, profesionalismo y honradez.

En ese sentido, los servidores públicos adscritos al Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS), organismo sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, fueron instruidos en cultura de la legalidad, actividad que se llevó a cabo de manera virtual.

Dicha capacitación fue impartida por la Dirección de Ética y Transparencia de la Unidad de Prevención de la Corrupción de la Secretaría de la Contraloría estatal, y su principal objetivo fue promover y difundir, entre el personal del CIEPS, las conductas y actitudes apegadas al Estado de Derecho que, permita el respeto de las garantías humanas.

Durante la capacitación se enfatizó la importancia de impulsar mecanismos institucionales de control en el servicio público, así como la relevancia de fomentar la transparencia y la integridad, tal como se establece en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023.

En el desarrollo de la actividad se abordaron las bases teóricas de la cultura de la legalidad y cómo ésta es considerada para impulsar el combate a la corrupción, ya que influye en la actuación de los servidores públicos.

Asimismo, se invitó a los participantes a dirigirse con apego a los valores éticos y normas en el desempeño de sus funciones, para establecer un ambiente de respeto a los derechos humanos y generar confianza y legitimidad en las instituciones de gobierno.

Esta actividad forma parte del trabajo que hace el Gobierno del Estado de México, donde establece proyectos y estrategias que den rumbo a la política social para fomentar el intercambio de ideas y políticas públicas, basadas en principios y normas jurídicas con calidad incluyente, a las que todos los trabajadores deben respetar y fomentar.