La Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo por el que se declara ’de interés público y seguridad nacional’ la realización de todos los proyectos y obras de infraestructura a cargo del Gobierno de México, para garantizar su terminación oportuna.

Aunque no lo dice explícitamente, lo anterior permitirá que además de proyectos como El Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Santa Lucía, entre otros, comiencen su edificación con permisos ’provisionales’, teniendo prórroga de hasta un año para entregar los oficiales.

De lo anterior se deduce que el ejecutivo federal tiene en mente más mega proyectos de infraestructura para sus últimos 3 años de gobierno y que planea culminarlos antes de que termine su mandato.

De acuerdo al decreto presidencial se trata de establecer de manera obligatoria, por ser considerados de seguridad nacional, los dictámenes asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.

Dicho decreto publicado en el DOF, en su versión vespertina, obliga a dependencias a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para la realización de los mismos.

Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de estos permisos y dictámenes a fin de garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.

El decreto no hace referencia alguna sobre la prueba de daño en términos de la Ley de Transparencia, y, al adjuntar las palabras ’interés público’ a las de seguridad nacional, echaría también por la borda las suposiciones que hablan sobre la reserva y clasificación de la información, derecho que seguiría vigente para las obras de infraestructura tal y como hasta ahora.